El insólito dato surge del análisis del trabajo realizado por la administración anterior.
Existen 400 industrias registradas como generadoras, operadoras o transportistas de residuos peligrosos que no tienen su evaluación de impacto ambiental. Solo el 50% fue inspeccionada.
Digno de Suiza. Si en 48 meses, en una provincia, hablamos de sólo una multa, a una sola empresa, estaríamos frente a un estándar ambiental elevadísimo. Pero no era el caso de San Luis. Primero, porque el valor monetario de esa única sanción era muy superior al monto que la empresa en cuestión terminó pagando. Segundo, porque no hubo ningún seguimiento de que esa firma haya realizado saneamiento o haya reforzado su compromiso ambiental. Tercero, pero más grave, había una inédita ausencia de control y fiscalización en la gestión pasada.
A partir del 10 de diciembre del 2023, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, está elaborando el mapa de contaminación ambiental provincial (agua, suelo y aire). Pero quienes lo están armando, se toparon con el increíble saldo heredado, que de 800 inspecciones, sólo hubo una sanción. Todos los procedimientos estaban amañados, presentaban inconsistencias, o errores de forma. Por eso, durante su recorrido administrativo y legal, simplemente no avanzaban o eran archivados. Es decir, multas potenciales descartadas por estar mal hechas.
“La orden de arriba, era no sancionar”
Es la frase a la que muchos de los empleados, profesionales y técnicos tuvieron que aggiornarse desde 2019 hasta 2023. Vertidos a ríos, residuos peligrosos a la intemperie, ausencia de planes de manejo, incumplimiento de revisiones técnicas, olores nauseabundos que se sentían a kilómetros de distancia.
No había ningún freno para la contaminación ambiental, y no había una pizca de desarrollo sostenible. En el área no había una proyección de políticas, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Era una de las famosas áreas de rotación de funcionarios, donde cada tres meses, o incluso menos, cambiaba el jefe. Articular con los consultores y empresas, definir un plan de acciones, de esa forma y en ese contexto, era inviable. El programa se reiniciaba casi todos los meses a foja cero.
“Tuvimos que comenzar con las capacitaciones al personal y trabajar en conjunto con asesoría legal para que las inspecciones sean eficientes y de calidad, y las infracciones, de encontrarse, estén encuadradas en la normativa vigente y que las resoluciones puedan llegar a sanciones en caso de incumplimiento”, señaló el jefe del Área de Monitoreo, Control y Fiscalización Ambiental, Alex Simioli. En definitiva, no es nada nuevo, simplemente hacer cumplir las leyes ambientales a las empresas sanluiseñas o firmas radicadas en nuestro territorio. Es algo que es realizado en las 24 jurisdicciones del país con absoluta normalidad, pero en San Luis hasta el 10 de diciembre pasado, no ocurría.
