El Derecho a la Información, se define como el derecho que tiene toda persona a buscar y recibir información en manos de las administraciones públicas. De esta manera, los ciudadanos pueden conocer las transformaciones que impulsa el Estado, cómo trabaja y qué bienes y servicios pone a disposición.

En este sentido, todas las personas que deseen solicitar información pública ambiental pueden hacerlo a través de una solicitud de información pública, establecido en la Ley N° V – 0924 – 2015, ingresando a la página web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: https://ambientesanluis.ar/acceso-a-la-informacion-publica-ambiental/. Una vez completado el formulario , se efectiviza el pedido que será enviado al correo electrónico ingresado.

De la misma manera, la página web de la cartera ambiental, dispone un apartado para realizar denuncias ambientales: https://ambientesanluis.ar/denuncia-ambiental/.  A través de esta herramienta los ciudadanos pueden dar aviso y generar  alerta ante distintas situaciones que dañen los recursos naturales de la provincia, por ejemplo microbasurales, podas ilegales, tráfico de fauna, etc.

En materia de información pública ambiental la normativa provincial es complementaria de la Ley Nacional 27.566 donde es adoptado el Acuerdo de Escazú, reconocido como el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además, es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de Derechos Humanos en asuntos ambientales.

Como parte de su esencia, el Acuerdo de Escazú pone a las personas en el centro. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental; la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. También promueve la formación de autoridades y equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los países.

Todo esto contribuye a la protección del derecho de cada persona, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.