La Ley Nacional 27.592 “Ley Yolanda” establece que las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, con énfasis en desarrollo sostenible y cambio climático, incorporando como eje transversal la perspectiva de género.

De esta forma, San Luis suma una herramienta fundamental para garantizar que quienes generan legislaciones, aplican las normas y diseñan e implementan políticas públicas, incorporen la perspectiva ambiental para contribuir desde la gestión estatal a la construcción de una provincia ambientalmente sostenible.